Los salarios de tramitación son los salarios dejados de percibir por el trabajador desde la fecha del despido hasta la fecha de reincorporación en la empresa.
Cuando un trabajador es despedido y no está conforme con los hechos que se alegan contra él o las formas en las que se ha realizado, puede recurrir el despido para que se considere que es improcedente o nulo y, así poder solicitar el reingreso en la empresa en las mismas condiciones que tenía antes de ser despedido.
Despido improcedente o nulo
En el caso de que la sentencia judicial considere que el despido es improcedente o nulo, el empresario tiene la opción de abonar la indemnización que legalmente corresponde o de reintegrar al trabajador en las mismas condiciones con el abono de los salarios de trabajador.
También en los casos en los que el trabajador interponga una demanda solicitando la extinción de la relación laboral por incumplimiento grave del porte del empresario y, durante la tramitación del proceso la empresa despida al trabajador. En este caso, si la sentencia acuerda la extinción de la relación laboral por incumplimiento grave del empresario, el trabajador podrá solicitar los salarios de tramitación hasta la fecha del despido.
Los diferentes objetivos de los salarios de tramitación
El objetivo de los salarios de tramitación es de compensar al trabajador por el tiempo que no estuvo trabajando en la empresa debido al despido realizado que, finalmente se ha considerado nulo o improcedente. Por ello, se debe descontar de estos salarios de tramitación los ingresos que haya percibido el trabajador por el desempleo o por haber estado trabajando en otra empresa mientras se tramitaba el procedimiento judicial de despido.
La cuantía de los salarios de tramitación se calcula con el mismo importe que el salario regulador que se ha declarado hecho probado en el despido cuyo importe se suele determinar en ejecución de sentencia o en un procedimiento ordinario.
En el caso de que la empresa incumpla el pago de los salarios de tramitación, el FOGASA abonará estos conceptos con los límites establecidos en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, cuyo plazo para poder reclamarlos por parte del trabajador, es de un año.
Además, los salarios de tramitación generan intereses procesales concretamente, el interés anual igual al interés legal del dinero incrementado en dos puntos.
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